En menos de un mes, el Congreso de la República del Perú aprobó once leyes que comprometen el erario público en al menos S/11,400 millones adicionales cada año, sin identificar fuentes de financiamiento concretas. La advertencia proviene del Consejo Fiscal (CF), organismo técnico autónomo que vigila la responsabilidad de las cuentas del Estado, y ha encendido una de las alarmas más serias sobre la sostenibilidad fiscal del Perú en lo que va de 2026. La situación, además, coincide con las advertencias que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó tras su misión de marzo al país.
Qué dice exactamente el Consejo Fiscal
En un comunicado oficial, el CF señaló que las decisiones adoptadas por el Parlamento en sus últimas tres sesiones plenarias de marzo conforman una dinámica recurrente de creación de gastos permanentes y nuevas obligaciones fiscales sin criterio de responsabilidad presupuestaria. El presidente del organismo, el economista Alonso Segura, fue directo al calificar el manejo del dinero público: afirmó que se está utilizando "de manera muy irresponsable".
Las tres medidas de mayor peso presupuestal son:
- La nivelación de pensiones de maestros jubilados y cesantes a la remuneración íntegra mensual (RIM), con un costo estimado de al menos S/8,000 millones anuales.
- El otorgamiento de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo régimen CAS del sector público, que demandaría alrededor de S/3,000 millones por año.
- La modificación del régimen pensionario de militares y policías (Decreto Legislativo N° 1133), cuyo costo total en valor presente ascendería a aproximadamente S/15,000 millones.
Si se incorporan las normas aprobadas entre agosto y diciembre de 2025 que tampoco fueron incluidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, la cifra total podría escalar hasta S/15,000 millones anuales.
El costo de oportunidad: lo que se deja de hacer
Para dimensionar el impacto, el Consejo Fiscal tradujo esos números en términos concretos. Los S/11,400 millones equivalen a:
- 8.6 veces el presupuesto del programa Pensión 65 (S/1,300 millones).
- 7.7 veces lo asignado a becas educativas (S/1,500 millones).
- 4.4 veces el presupuesto para desayunos escolares (S/2,600 millones).
- 3 veces el monto destinado a combatir la desnutrición crónica infantil (S/3,700 millones).
- 1.7 veces el presupuesto total para construir infraestructura educativa en los tres niveles de gobierno (S/6,600 millones).
No se trata solo de números abstractos. Se trata de la elección política de beneficiar a grupos específicos —maestros jubilados, policías, militares, trabajadores CAS— a expensas de programas que atienden a millones de peruanos en situación de vulnerabilidad.
Un Ejecutivo que no observa y un Congreso que no frena
Una de las críticas más duras del Consejo Fiscal apunta no solo al Parlamento, sino al propio Poder Ejecutivo. El organismo señaló que el Gobierno del presidente José María Balcázar no ha observado las iniciativas legislativas con alto costo fiscal ni ha recurrido al Tribunal Constitucional para cuestionar su viabilidad jurídica, dos mecanismos que la Constitución pone expresamente a su disposición.
«Estas decisiones no solo generan mayores presiones y rigideces sobre las finanzas públicas, sino que también comprometen severamente la probabilidad de cumplimiento de las reglas, afectando la credibilidad de la política fiscal y su sostenibilidad», señaló el Consejo Fiscal en su comunicado oficial.
De hecho, el CF recordó que existe una prohibición expresa en el marco legal vigente de aprobar incrementos en el gasto de personal y pensiones durante los primeros meses de un año electoral, norma que habría sido vulnerada de manera directa por las once leyes cuestionadas.
El FMI también encendió señales de alerta
La coincidencia en el tiempo no es casual. Tras su misión al Perú realizada entre el 10 y el 25 de marzo, el FMI pidió explícitamente a las autoridades peruanas resistirse a las iniciativas legislativas de gasto sin financiación. El organismo multilateral proyectó que, con las políticas actuales, el déficit fiscal del país alcanzaría el 2% del PBI en 2026, por encima de las metas fijadas en la regla fiscal, y que la deuda pública se estabilizaría en torno al 32% del PBI.
El FMI también proyectó un crecimiento de 2.8% para la economía peruana en 2026, ligeramente superior a su estimación de octubre, pero advirtió que las presiones de gasto desde el Congreso son el principal riesgo interno para la estabilidad macroeconómica del país.
La historia detrás: un Congreso con record de leyes fiscalmente costosas
Lo ocurrido en marzo no es un episodio aislado. Según el propio Consejo Fiscal, entre 2021 y 2026 el Congreso saliente aprobó 229 leyes con impacto fiscal negativo, una cifra que triplica el promedio de los tres periodos parlamentarios previos. El 44% de esas normas fue aprobado por insistencia, es decir, a pesar de las observaciones técnicas del Ejecutivo.
El organismo proyecta que, si se implementan todas las 53 iniciativas legislativas con costo cuantificado, el déficit fiscal promedio entre 2026 y 2036 ascendería a 5.8% del PBI, frente al 1% estipulado en el Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Solo con las leyes ya promulgadas, la deuda pública superaría el 47% del PBI en 2036; si se suman los proyectos en trámite, podría alcanzar el 70%, muy por encima del límite legal del 30%.
El efecto inmediato en 2026 y el traslado al próximo Gobierno
Dado que varias de estas leyes entraron en vigor con el año ya en curso, el CF estimó que solo durante 2026 el gasto adicional no previsto superaría los S/6,500 millones, con el impacto restante trasladándose al presupuesto de 2027. Esto significa que quien gane las elecciones generales de este año recibirá un Estado ya comprometido, con menor margen de maniobra fiscal y con obligaciones permanentes que crecen más rápido que la recaudación.
Para ponerlo en perspectiva: los ingresos del Gobierno general han crecido en promedio S/8,000 millones por año en los últimos tres ejercicios, pero las nuevas obligaciones de planilla y pensiones para 2026 ya superan el doble de ese crecimiento, llegando a más de S/18,000 millones si se suman el PIA aprobado y la fracción de las nuevas leyes que se paga este año.
¿Qué pueden hacer los privados ante este escenario?
Para los inversionistas y ahorristas peruanos, este deterioro fiscal tiene consecuencias prácticas. Un mayor déficit presiona al alza el riesgo país, lo que puede encarecer el financiamiento para empresas que emiten deuda local. Además, la incertidumbre sobre el cumplimiento de las reglas fiscales puede afectar el rating soberano del Perú, con consecuencias sobre los rendimientos de los bonos soberanos y sobre la estabilidad del sol. En un contexto de elecciones generales, los mercados suelen ampliar los spreads ante la falta de claridad fiscal, algo que los tenedores de instrumentos de renta fija en soles deberían monitorear de cerca.
Impacto en la economía cotidiana del Perú: Para el peruano de a pie, este escenario se traduce en riesgos concretos. Si el Estado debe financiar S/6,500 millones adicionales no presupuestados solo en 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá recurrir a mayor endeudamiento, reasignar recursos de programas sociales o aumentar la presión tributaria. La SUNAT podría intensificar su capacidad recaudatoria, mientras que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que mantiene su tasa de política monetaria en 4.25%, vigilará que la expansión del gasto público no reactive la inflación más allá del rango meta de 1% a 3%. El sol peruano (S/), que ya ha mostrado volatilidad en las últimas semanas, podría verse presionado si la credibilidad fiscal del país se deteriora aún más ante los mercados internacionales. La lección que deja este episodio es que las finanzas del Estado, como las de cualquier hogar, no pueden gastar indefinidamente más de lo que ingresan sin pagar costos que, tarde o temprano, recaen sobre toda la ciudadanía.
Fuentes: El Comercio, RPP Noticias, Infobae Perú, El Comercio – FMI misión Perú.
